No. 066 - Enero del 2004

Gobiernos Electrónicos en América Latina: Nueva forma de recrear los espacios públicos o nuevos escenarios de poder?

Por Bibiana Apolonia Del Brutto,

1-     La amplitud de temas de los gobiernos electrónicos.

Después de año 2000 y del paso por los temores de la explosión de la Internet surgieron preocupaciones en toda la América Latina y Central por introducir mecanismos que acelerasen los trámites de las ciudadanías. Trámites un tanto simples teniendo en cuenta la vida digitalizada, las comunicaciones, informaciones y relaciones humanas vinculadas en redes que han transformado al mundo. O lo que se conoce como la revolución del ciberespacio, un dominio público sin fronteras que se multiplica día a día. La Internet se erigió en el mundo globalizado como una nueva forma de organización de las economías y de las sociedades, de las relaciones entre personas, entre personas e instituciones y de los gobiernos con la ciudadanía. El gobierno electrónico es definido como toda prestación de servicios e informaciones de manera electrónica, para otros niveles de gobierno, para empresas y para ciudadanos. Lo que caracteriza por lo tanto al e- goverment, o gobierno electrónico son las relaciones mediadas por redes entre las administraciones públicas y la ciudadanía.

La denominación de gobierno electrónico que suele aparecer en documentos de políticas nacionales e internacionales como e-goverment o Internet Governance se presenta a fines del 2003 como problemático para los países del Tercer Mundo, especialmente por la realización de la Cumbre de la Sociedad de la Información en Ginebra convocada por la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la que interviene la ONU, gobiernos y organizaciones de un variado espectro ligadas a las temáticas de las sociedades de la información. La UIT representa a los intereses de las grandes corporaciones, pero los temas específicos de los gobiernos electrónicos son una derivación de cómo se registran y especialmente cómo se administran y gestionan las administraciones públicas con la introducción de las Tics. La cooptación es que los nombres de dominio de la Internet con sus protocolos son una administración del gobierno de los Estados Unidos, que a partir de 1998 es compartido por Europa y países asiáticos. En la Cumbre existen propuestas para la administración de dominios intergubernamentales, o la propia UIT y otros consorcios derivados de la informática. [1] El tema de los gobiernos electrónicos suele dividirse en los lenguajes de la propia informática, entre los que están los dominios, protocolos de Internet, es decir los lenguajes duros de la técnica y las derivaciones de las políticas públicas que no son incumbencias de los lenguajes informáticos. Esta es la orientación que tomamos en este trabajo.

Los temas ligados a las Tics y los gobiernos electrónicos aparecen con una serie de recomendaciones y enfoques superpuestos, aquellos derivados de las relaciones públicas tocan las áreas del buen gobierno, las transparencias, las democracias, integraciones regionales, y especialmente los procedimientos legales y administrativos del funcionamiento. En algunos países de América Central los planes de gobiernos electrónicos suelen aparecer coligados por ejemplo al Plan Puebla Panamá, en América del Sur al Mercosur, incluyendo sistemas integrados de cooperación para la entrada y afianzamiento a la Sociedad del conocimiento. Dichas iniciativas incluyen marcos regulatorios en común de telecomunicaciones y de conectividad y se extienden en mejoras en los planes nacionales y regionales de aplicación, como en la reformulación de los gobiernos, para que tiendan al progreso y como modelos a ser emulados por la ciudadanía. Son escasos los documentos que explican la necesidad de construir comunidades virtuales de aprendizajes, plataformas en las que diriman de manera igualitaria usuarios/as, emisores de políticas, funcionarios/as públicos, con excepción de las plataformas educativas, que también pueden entrar en el rubro de gobierno electrónico pero con otras finalidades.

De manera que surgieron en gran parte de los decisores políticos de la América Latina preocupaciones por el gobierno como mayor productor y consumidor de la Tics. Desde esta perspectiva el gobierno es potenciado no sólo como usuario de las tecnologías informáticas sino como un modelo de actividades productivas en el esquema de la nueva economía y especialmente en otro tipo de interacciones, el comercio se potencia por las estrategias políticas con respecto a "la desregulación de marcos regulatorios" y por los servicios  que se prestan a los ciudadanos que tenderán a mejorarse, como promesa de futuro. No sólo el e-commerce sino la importación y licencias informáticas para su comercialización. El gobierno es convertido en el modelo de los usos sociales de la Tics y para ello encarará reformas en las administraciones públicas; mejorará sus gestiones, disminuirá el gasto público, siguiendo la metodología de los ajustes fiscales, aunque podrá mejorar en eficiencia y eficacia. El gobierno electrónico se convierte de acuerdo a estos postulados en una "meta de desarrollo" de las administraciones públicas y será en el futuro, en un futuro que debe de implementarse -hoy- el mediatizador de una nueva forma de participación ciudadana y hasta comunitaria.

El desarrollo de las Tics y el desarrollo de los gobiernos electrónicos se convirtieron en estrategias regionales comunes para los sistemas administrativos de la América Latina y Central. Mejoran la toma de decisiones, las formas de consulta y colaboración, estimulan las comunicaciones entre instituciones regionales de cooperación, así como entre las denominadas organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre los mismos objetivos. Como estos son enunciados de argumentación que aparecen en tratados y propuestas de organismos internacionales, fundaciones y consultoras, suelen adosarse las elaboraciones tecnológicas humanas, mediante las actividades de monitoreos, evaluación de actividades e intercambios de experiencias en las gestiones. [2]

Los peligros son las desigualdades, tanto entre distintos gobiernos de la América Latina y Central como entre las propias regiones internas de los países, desigualdades que están localizadas en las diferentes estrategias, en los liderazgos, en el diferente posicionamiento con respecto a los alcances de las poblaciones con respecto a la educación, a las inversiones, a las infraestructuras de conectividades de las comunicaciones. Es por ello que las cooperaciones e integraciones son impulsadas mediante países que hayan instalado en el pasado modos de operar o tecnologías que se acerquen a lo que hoy se denomina gobierno electrónico.

Suelen aparecer fundaciones, grupos, organizaciones encargados de implementar los diseños de "políticas para instalar gobiernos electrónicos" encarados como Grupos de Trabajo, con componentes del sector público de los países en particular, que son llamados a colaborar y a participar en la emanación y puesta en funcionamiento del e-goverment. [3] Diseños que estarán dirigidos a proponer estrategias de modificaciones en los sectores públicos, metas de buena gestión, liderazgos, visiones, conciencia, factores organizativos y culturales, desarrollo de las capacidades humanas, infraestructura, gestión basada en conocimientos, normas de datos, normas sobre las firmas digitales, asesoramientos en cómo hacer para lograr éxitos rápidos, enfoques sobre fases, la sostenibilidad del financiamiento, cambios en las políticas legales y normas, búsqueda de perfiles de países para emulación, intercambios de prácticas y lecciones aprendidas, la aplicación y puesta en marcha de un foro en Red para la aplicación en un país en particular, y por último la detección de las necesidades de capacitación, seminarios para tomadores de decisiones sobre políticas gubernamentales y las oportunidades dentro de las regiones.

Las estrategias que han florecido en el año 2003 giran sobre cómo elevar al ciudadano al centro del proceso; cómo elevar la competitividad del país; la modernización de la gestión pública y la transparencia administrativa y el posicionamiento internacional mediante el gobierno electrónico. [4]

2- El marco para la puesta en marcha de gobiernos electrónicos.

Este panorama y esquema general que se pone en práctica en el siglo XXI responde a las políticas de la globalización, asumidas y recomendadas por el Banco Mundial, el BID y las Naciones Unidas, en conjunto con lo que hoy se califica como " los nuevos dueños del poder ", que son los dueños de las corporaciones de los medios de comunicación junto a los dueños de las grandes redes informáticas compuestas por las empresas tecnológicas y los dueños de la industria de la información.  En algunos países el gobierno electrónico cae en una temática amplia como es la Reforma del Estado ya fuere en los nacionales, provinciales y locales, para quienes también en las últimas décadas se han efectuado asesoramientos internacionales, consultorías, etc. Hay ejemplos de aplicación en varios países latinoamericanos de las disposiciones legales que introducen el gobierno electrónico, como Costa Rica, Perú, México, Brasil, Chile. [5]

El enmarcar la introducción de las nuevas tecnologías en la globalización nos remite a los elementos económicos, sociales, políticos y culturales que nos diferencian en posiciones geoestratégicas con los países del norte, así como desentrañar supuestos que aparecen no explícitos por el interés de la aplicación de gobiernos electrónicos en los estados, sin por ello desmerecer la necesidad de la formulación de políticas públicas en cada estado en particular con la aplicación de las TIC. Hace más de dos décadas que América Latina y la Central compran paquetes de créditos, que son créditos de injerencia en las posibilidades de formular políticas genuinas para las poblaciones autóctonas.

Los elementos de macro comprensión son:

- La creciente importancia y consolidación de la estructura global del crédito; determinando que la estructura financiera ha llegado a consolidarse como una fuerza independiente en el mundo.

- La creciente importancia y aumento de la "estructura del saber"; el conocimiento como un factor decisivo en la producción.

- El aumento en la redundancia de las TIC y el crecimiento de la trasnacionalización de la tecnología; la puesta en funcionamiento de industria basadas en el conocimiento, pero a la vez la creciente dependencia de la innovación tecnológica y el riesgo creciente de la obsolescencia tecnológica.

- El ascenso de los oligopolios globales en la forma de corporaciones multinacionales que se transforman en corporaciones globales y transnacionales junto a los bancos transnacionales y en los poderes más influyentes, mucho más que los estados nacionales y sus economías nacionales.

- De manera que la globalización de la producción, del conocimiento y las finanzas  produjeron la retirada del estado nación, o el estado nacional como poder de regulación. Adosado a esto se incrementó la globalización del poder político en la forma de una estructura de autoridad plural asociado con las Naciones Unidas, el que fue G7, y ahora G8.

- La erosión del estado nacional conduce en las prácticas políticas a una incertidumbre de la regulación institucional global y los estados nacionales democráticos aparecen con disminución de sus funciones de control y de regulación. El estado nacional cambia de rol y se transforma en "estado de competencias".

La globalización instalada ya en la década de los 80 en el siglo XX transformó el sueño de la acumulación del capital, la acumulación sin protestas y la actividad del trabajo intencional, de la sociedad de clases sin clases, de la libertad del capital como nueva forma de regulador nacional y de responsabilidad democrática. La ortodoxia globalizante traducida en políticas neoliberales posee otros puntos necesarios a recalcar. Uno de ellos es que el sufrimiento humano no es reconocido por el pensamiento neoliberal, que la crisis por la que atraviesan millones de personas en el mundo serán resueltas por cada estado de manera particular y ella es consecuencia de las corrupciones, malas administraciones públicas, falta de adaptación al mercado, etc. Derivando de esta forma la crisis de la acumulación, el factor humano opera desvinculado de la ciudadanía a la vez que es resemantizado sólo como factor de producción en tanto que mercancía asalariada. Es muy difícil construir estrategias de supervivencia para los numerosos grupos humanos expulsados, sometidos a desventajas y opresiones ya que la sobrevivencia se adecua a los más aptos, o la creación de estructuras  de oportunidades en las relaciones entre hombres y mujeres; a tal efecto surgen medidas adoptadas universalmente acompañados por los medios de comunicación emanados de las estructuras estatales, por ejemplo las de salud, como las campañas en contra del tabaco, dejar de fumar se transforman en un valor de convivencia democrático, en una asimilación a los valores trasnacionalidados democráticos. [6] Más que sociedades del conocimiento estamos en procesos que nos sumergen en las sociedades sin alma.[7]

El estado no interfiere con los capitales asentados en rubros diversos (durante las últimas dos décadas del siglo XX se localizó en el rubro financiero y de los servicios), ahora trasladado a la industria informática y a la construcción de empresas tecnológicas; ni en la situación de competencia incluso entre estados, que no suelen favorecer la promoción del empleo, (por derivaciones de las crisis de acumulación), si el capital transnacional no obtiene ganancias se traslada de lugar. [8] Como el capital se ha globalizado está basado esencialmente en las "destrezas científicas" y se expande más allá de las fronteras, se ha desnacionalizado y no es más la relación social de producción. En este marco lo que interesa son las libertades transnacionales, la democracia transnacional con derechos de ciudadanía en el ámbito global. Pero esa ciudadanía entendida globalmente es una imposición de igualdad abstracta, la ciudadanía como poder -de decisión- está asociada al dinero, incluso en la defensa de sus derechos sociales básicos.

Ejemplos sobran en cada país, remito al de Argentina con el gobierno local más poderoso, el del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a partir de la legislación de su Carta Magna por el cambio de nombre (antes era Municipio de la Ciudad de Buenos Aires) y algunos retoques en cuanto a la representación en 1994, se crearon órganos defensores de derechos tanto en el Ejecutivo municipal como en la Legislatura. En ésta La Defensoria del Pueblo, una traslación de lo que fue anteriormente el Ombudsman de la Ciudad, creó estructuras para la defensa de asuntos concernientes a los problemas de las comunidades vecinales: por el medio ambiente, niños, niñas, mujeres solas, mujeres violentadas, acosadas, derechos de los vecinos, expulsión de viviendas tomadas, vejez, etc. Los órganos de la Defensoría de la Ciudad que dependen de la Legislatura poseen páginas web, desde donde se puede reclamar por derechos variados. Una simple entrada, anotación con datos particulares más dirección de correo electrónico es suficiente para efectuar una demanda comunitaria. Las citaciones corren por vías burocráticas, una vez atendida la demanda en el caso que sea problemas vecinalistas ésta va precedida por una mediación y una vez alcanzada  se trata de mediar para que las partes lleguen a un consenso o acuerdo. Sin embargo el acto no es legal, no hay obligación de las partes por la resolución del problema, queda solo como antecedente burocrático. Es decir que falta legislación que regule sobre este tipo de conflictos. La mediación operada por la tecnológica aceleró el trámite pero no es resolutiva con respecto al problema, como tampoco posee seguimiento por vías tecnológicas. Para que el reclamo o la demanda sea válida es necesario remitirse a los servicios de una fundación, o una ONG particularizada en la defensa de derechos y abonar cada consulta hasta el trámite judicial, si éste fuere necesario. De esta forma los derechos sociales, y los derechos de consumidores se mercantilizan, por ausencia de estado local regulador y controlador y por ausencia de seguimiento racional en los procedimientos.

Es en las relaciones entre estado y sociedad en que se advierten los cambios y los mayores conflictos; estas relaciones implican la administración de un estado político incluyendo a las personas que viven en esos espacios, las nociones de la globalización y el neoliberalismo apelan a dichas relaciones sin embargo repiten que "el estado esta en retirada". Si la sociedad se entiende como constitución económica de acuerdo a la perspectiva de la economía política, en la que subsistencia, producción y reproducción social se unifican en capital, en la actual situación neoliberal, sociedad y capital son nociones interrelacionadas. En el específico caso de las tecnologías aparecen las demandas tecnológicas en las sociedades de manera independiente y abstraídas de las relaciones humanas y sólo tomamos conocimiento de nuestro entorno inmediato porque la información sustanciosa no está disponible, salvo que se sepa buscarla y acceder a ella. El núcleo filosófico sobre el que se basan las relaciones es "que la pobreza no es carencia de libertad". La globalización significa entonces integración del comercio, las finanzas y las tecnologías en las que se tiende a una uniformización de los lenguajes. Un ejemplo reciente es las reuniones de ejecutivos en la pre Cumbre Interamericana efectuada en Bolivia, los acuerdos sobre ciencia y tecnología como en los decretos y leyes aduaneras, de comercialización y otras establecidos en la reciente reunión en Miami por el ALCA. [9]

La Declaración de Santa Cruz de la Sierra en la reciente reunión de jefes de Estado de los Países Iberoamericanos (15 de noviembre de 2003) en materia de integración produjo novedades con respecto a la región y las Tics:

"La inclusión social, motor del desarrollo de la Comunidad Iberoamericana".

44. Concordamos en que la revolución informática y tecnológica abre mayores posibilidades de participación social, económica y política. Las tecnologías de la información son herramientas indispensables para la promoción del desarrollo económico y social de nuestros países Es importante evitar que la sociedad de la información genere nuevas formas de exclusión. La reducción de la brecha digital, el desarrollo de la infraestructura para la conectividad y el acceso universal deben ser objetivos fundamentales de las políticas de construcción de la sociedad de la información. Consideramos que la administración de Internet debe realizarse a través de una gestión amplia, transparente, participativa y democrática en la que intervengan los gobiernos los organismos internacionales, la empresa privada y la sociedad civil. Consideramos que junto con maximizar las ventajas que se derivan de estas innovaciones tecnológicas es necesario también evitar nuevas formas de exclusión y discriminación tecnológicas, desarrollando proyectos de cooperación en materia de tecnologías de información. Nos proponemos trabajar por estos objetivos y por la promoción de la diversidad cultural y lingüística en la próxima Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
45. Asimismo somos conscientes de que la protección de datos personales es un derecho fundamental de las personas y destacamos la importancia de las iniciativas regulatorias iberoamericanas para proteger la privacidad de los ciudadanos contenidas en la Declaración de La Antigua por la que se crea la Red Iberoamericana de Protección de Datos, abierta a todos los países de nuestra Comunidad.

3. Democracias, participación y gobiernos electrónicos.

En el terreno de las democracias no es lo mismo el asentamiento de sistema regulados que poseen los países europeos que los de América Latina con respecto a los gobiernos electrónicos. Los sistemas europeos viven en democracias consolidadas en que las instancias de distribución de los ingresos, de acumulación del capital se redistribuyen de otras formas a las latinoamericanas, aquí, los constantes programas de ajustes han reproducido pobrezas extremas, pérdidas de sistemas de seguridad social, de salud, de educación, desempleos, marginaciones por doquier y que salvo excepciones vivimos con "ausencias de estados" [10] y con la privatización de recursos y empresas de servicios básicos que  le corresponden al estado nación. La instalación de gobiernos digitales es funcional en América Latina y Central a las campañas contra la corrupción, corrupciones políticas dentro de las administraciones por múltiples causas. La promoción del aprovechamiento de las tecnologías digitales en la línea de capacitación al espectro público y privado refuerza el supuesto que la introducción de las Tics servirá para erradicar a la corrupción. Sin embargo la información en línea de páginas web por sí misma no influye en las corrupciones sino que sólo permite la difusión de información sobre las mismas.

Manuel Castells advierte sobre la necesidad de la unión entre tecnologías e información, el requerimiento de los usos de buenas tecnologías para procesar las informaciones, en el sentido de buenas capacidades de gestiones y procesamientos, que son la base para la creación de la competitividad y de la productividad, como herramientas de empleo. Se refiere a la posibilidad de trasmitir deprisa y con gran flexibilidad. Así como el funcionamiento en red, alude a poner juntos varios elementos, varias personas, varios trozos de empresas, incluso de administraciones públicas para hacer algo compartido. [11]

Aunque Castells escribe sobre el funcionamiento en red no de redes empresariales, sino redes de trabajo. El gran problema dice Castells es la coordinación, referiéndose a empresas productivas, a la unidad de proyecto de la decisión. Factor en que hacemos el traslado para las administraciones públicas. Otro componente esencial es la educación, la formación educativa no en capacidad de calificaciones sino en capacidad de asociación, el trabajo con las tecnologías genera tareas que incluyen tanto cualificaciones como nuevas capacidades de gestión que unen educación y trabajo.

La funcionalidad del gobierno electrónico es derivar por medio de las tecnologías de información y comunicación servicios a una comunidad determinada, actividades y servicios que de hecho ya están incorporadas a las competencias de un gobierno, ya fuere nacional, provincial o municipal. Lo novedoso es que tanto la información como la comunicación se realicen y refuercen la comunicación externa, es decir para ciudadanos/as en un medio.

Resultan de relevancia las comunicaciones externas en lo que se conoce como ciudades digitales, un concepto más amplio que incluye los servicios del gobierno electrónico a la mayor parte de los servicios existentes en un gobierno local. Pero la inexistencia de una planificación en políticas públicas hacia la sociedad de la información tanto nacionales, provinciales y municipales, en el caso argentino, deviene en caos de ofertas de páginas web con ofertas multifáceticas de servicios. En estas emisiones de páginas electrónicas sin una conveniente perspectiva de planificación se torna inservible las palabras e inconsecuentes las ideas de participación ciudadana pensadas en función de marketing comunicativo, dejan de lado las indagaciones de los cuestionamientos de poblaciones por los servicios, (siempre inacabados e ineficientes) en los gobiernos locales.

 Las versiones optimistas de combinación con la sociedad civil y el mercado publican lo contrario, que se refuerza la participación social y hasta la participación política en caso de elecciones. [12] Hay constantes desmemorias sobre estas comunicaciones externas ya que aunque la Internet siga creciendo exponencialmente[13] no significa una igualdad, ni en los potenciales usos ni en las motivaciones para acceder a ella. En Argentina aunque hay un crecimiento muy alto, en los que se han dado en llamar "telecentros" en América Latina, llamados  locutorios, o cabinas de Internet en el país del sur, los accesos no son gratuitos, sino pagos. Por otro lado el crecimiento en los usos de la Internet de grupos etarios jóvenes es para usos lúdicos o de entretenimiento, el chateo y en el mejor de los casos para información. Además las expectativas optimistas con respecto a la promoción de los gobiernos electrónicos como medio para cambiar las democracias y llegar a ser unas potenciales democracias directas electrónicas, están fuera de discusión en América Latina, por la profundización de las problemáticas políticas, como se expuso anteriormente.

Otro punto no desligado de los problemas de los accesos a la Internet, es el real interés de la ciudadanía con respecto a las informaciones digitales emanadas por el gobierno. Cualesquier pregunta esta ligada a las necesidades de las poblaciones en determinados territorios, o a las comunidades, las preguntas más importantes debieran girar sobre qué tipo de informaciones requieren los movimientos sociales, las organizaciones de derechos, qué recursos necesitan las poblaciones para obtener información necesaria sobre las actividades políticas, qué información política es relevante, qué asesoramientos técnicos puede ofrecer una administración electrónica a la ciudadanía. Son escasas los testimonios e indagaciones sobre estas particularidades. [14] 

A la hora de formular los planes para la introducción de administraciones digitales las oficinas gubernamentales sometidas a la reducción de gastos suelen ser asesoradas por consultoras externas a los gobiernos y con formulación de programas y metodologías relativamente homogéneas en la mayor parte de los países latinoamericanos. El intento es un cambio de -paradigmas- sin automatizar el antiguo esquema de servicios, para ello recurren nuevamente al eslogan de la reducción de gastos generando climas de paranoia entre los recursos humanos por la reducción de personal y pérdida de empleos. Las metodologías incluyen la reingeniera de procesos y una mejora en los servicios informáticos, que implica o bien cambio del software o bien cambio de decisiones seguramente políticos para efectuar la reconversión. Son escasas las propuestas que incluyen en dichos cambios de paradigmas la inclusión de una acomodación cultural con los potenciales usuarios/as, como receptores sociales a quienes se quieren prestar los servicios. Este es otro de los inconvenientes de la aceptación y repetición de la noción de sociedad del conocimiento, no se incluye en la conceptualización al conocimiento como bien público, bien que no está para discriminar, o para favorecer a públicos exclusivos, ni a grupos determinados. El conocimiento como aplicación de tecnología es un bien imperfecto especialmente en el brindar información, la universalización de los beneficios aún está por verse, tanto en las empresas nacionales y mucho más en las administraciones públicas. El traslado a-crítico de la aplicación de las tecnologías de información y comunicación de las grandes corporaciones a las pequeñas empresas y a las administraciones públicas implica un sistema de productividad diferente, más ampliado en valores, en éticas a usuarios/as, en usos de la intranet para la propia organización pública. Un reconocimiento a los factores humanos de las organizaciones. El descuido se basa en las falsas promesas de la competitividad para satisfacción de lo externo y en la redundancia de las propuestas de participación comunitaria vía sistemas verticalizados.

El grueso olvido es que aunque la Internet fue creada como una arquitectura libre, horizontal y democrática, en las ya antiguas manifestaciones de los primeros anarquistas de los años 70, aquellas innovaciones terminaron en Silicon Valley. Hoy el espacio electrónico es un espacio de poder por la acumulación de capital y por las transacciones de capital global que se realizan en él. La globalización de los sectores económicos corporativos está en la Red y son propietarios de ella, y así como hay concentración de la economía global lo hay en las ciudades globalizadas. Esta hiperconcentración del espacio electrónico ha llevado a la segmentación entre espacio electrónico público y el privado. El espacio público no está en condiciones de enfrentar al espacio privado y es por ello que resulta cooptado. Con las desregulaciones y la industrialización del sector electrónico, los sistemas de comunicaciones nacionales están integrados a redes globales y los gobiernos nacionales pierden control. [15]

En la vertiente de la aplicación de la sociedad del conocimiento se encuentran especialmente los grupos ligados a la educación y Tics, que reproducen también en esta área la confluencia de mercado, sociedad civil y tecnologías para superar -el analfabetismo informático- y mejorar la calidad educativa. Propiciado por ministerios de educación y con alta incidencia en los compromisos con la industria electrónica.  En agosto del 2003 los ministros de educación de varios países latinoamericanos (Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina) coincidieron en pactar con organismos internacionales "el canje de deuda externa por educación" instado por la OEI y en vistas a la XIII Conferencia Iberoamericana de Educación celebrada en Tarija, Bolivia en mayo del 2003, para mejorar la calidad educativa. El 6 de octubre del 2003 el Ministro argentino de Educación Licenciado Daniel Filmus ratificó ante la UNESCO el canje de deuda externa por educación; siguiendo el esquema de Jacques Delors en la publicación "La educación encierra un tesoro", Filmus menciona el avance  creciente de la sociedad del conocimiento. La llave mágica de la sociedad del conocimiento es la lectura y las Tics abren el acceso a la lectura, en imágenes, en los usos de computadoras ligadas por redes y en la combinación de aparatos tecnológicos esencialmente visuales. [16]

La visión optimista de las tecnocracias locales latinoamericanas entusiasmadas por los cambios que producirá el gobierno electrónico en las democracias descuida las alianzas que existen entre dueños de medios corporizados de comunicación, industrias informáticas y empresas tecnológicas y que son éstos los que mueven el nuevo paradigma de las democracias trasnacionalizadas. No son propiamente los políticos locales los que administran y ponen las agendas de lo que se informa, ellos han sucumbido frente al poder de los medios, que ponen y sacan a los políticos como las agendas informativas según sus intereses, el nuevo paradigma es en realidad " la netocracia ", la nueva clase dominante de la era de la información. [17]

La competitividad y la necesidad de visibilidad de las transformaciones de los organismos gubernamentales fueron y sigue siendo aprovechada por las empresas monopólicas en las ventas de software y hardware. El caso notorio ha sido el de Venezuela que emanó leyes sobre la prioridad de la Internet en el año 2000, con el Decreto Nº 825, en el sitio oficial de Conatel, por la que dispuso la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Orgánica de la Administración Central, a la vez que planteaba entre sus objetivos el acceso igualitario de toda la población a la Internet, el uso intensivo de ésta y la entrada del país a la sociedad del conocimiento, firmaba contratos con la corporación Microsoft en proyectos de desarrollo y exportación de software para la consolidación del Gobierno Digital. Esta situación ha cambiado después del intento del golpe de estado de abril del 2002 y ha comenzado a introducirse el open source en la administración gubernamental bolivariana.

Los movimientos por la introducción del open source en las administraciones públicas, así como en las poblaciones en general, han sido muy fuertes durante todo el año 2003, Brasil incorporó este sistema como pionero en el cono sur, lo mismo efectuó México, Chile en menor medida, y Argentina recién comienza. Estos movimientos de grupos que tuvieron una fuerte presencia en las convocatorias de los Forums Sociales de Porto Alegre (2001-03), trasladaron sus demandas a los encuentros previos de la Cumbre de la Sociedad de la Información, hasta diciembre del 2003. Las tensiones entre Norte y Sur por el copamiento del mercado de las corporaciones se trasladaron a todas las organizaciones participantes del evento convocado por la UIT. El software libre también denominado "software sustentable en la sociedad del conocimiento" cuestiona la apropiación del conocimiento en tanto bien económico y en cuanto a restricciones para usos masivos. [18] Ocurre que las administraciones públicas que son políticas, realizan acuerdos con las grandes corporaciones para establecer las nuevas formas digitales de administración. [19]

En Argentina se están realizando foros temáticos de convocatorias a sectores específicos informáticos de la administración pública, con empresarios y profesionales informáticos, con vías a establecer el software libre. El hecho es que en la práctica las gestiones administrativas operan de manera separada, sin conexión entre sí en cada ministerio o secretaria, incluso es el mismo problema que acompaña a los soportes digitales en las universidades públicas. Otro obstáculo es la separación de actividades, los ministerios en la automatización y robotización dependen de personas especialistas en informática, como no podría ser de otra forma, pero las políticas necesariamente deben estar a cargo de otro tipo de personas y con organismos especiales para la formulación como por la aplicación de políticas.

 Durante el 2003 se efectuó en México una reunión de la ONU que derivó en un documento sobre la instalación de gobiernos electrónicos en América Latina, " Informe 2003 sobre el Sector Público Mundial - Gobierno electrónico en la encrucijada ". Hay 173 países que han adoptado el servicio del gobierno on line, los países de América Latina y Central están en situación desventajosa con respecto a los más adelantados en la aplicación de tecnologías digitales, los obstáculos mayores siguen siendo la brecha digital entre países, entre regiones de países y entre regiones así como la falta de compromiso político de los gobiernos para instalar políticas de este tenor y la falta de infraestructura. No se nombra en el documento la posibilidad de introducir el software abierto.

Las oscilaciones de las políticas argentinas con respecto a las transiciones hacia las sociedades de la información especialmente durante la década de los noventa produjeron muchos errores, hoy en consonancia con las reuniones internacionales, con la Cumbre de la Sociedad de la Información parece que existen otras motivaciones para diseñar algunas políticas más claras. La gestión pública incluye las políticas tecnológicas y se propone ampliar el vínculo de ciudadanos con el Estado, fomentar la innovación y el desarrollo económico y ofrecer a los usuarios servicios a costos más bajos. [20]

En el terreno de la integración y dentro del MERCOSUR hay gran cantidad de alianzas especialmente con Brasil para diseñar estándares comunes para la gestión del conocimiento. Las medidas de integración están a la orden del día desde el cambio de gobierno en el 2003, [21] Una mención especial merece el tema de educación y Tics ya que es básico para la gestión del conocimiento. Suele no incluirse los diseños educativos dentro el e-goverment, sin embargo por el énfasis puesto en la educación virtual y por los programas que hacen al achicamiento de las brechas digitales, las plataformas digitales educativas son esenciales para las políticas públicas de las sociedades de la información, así como las políticas nacionales sobre ciencia y tecnologías. [22]

Recién en octubre del 2003 se relanzó el portal educativo argentino educ.ar [23] dedicado a la educación por Internet, cuyo gerente es el profesor Alejandro Piscitelli que desarrolla unos motivantes weblogs de participación social y comunicativa. El portal no depende exactamente de la estructura ministerial educativa sino que esta descentralizado y desde allí operaran programas que tiendan a unir a escuelas en redes; la promoción de las escuelas que ya están conectadas y la formación tecnológica de docentes. El portal posee la ayuda de organismos privados, nacionales y empresas que contribuyen a la alfabetización informática y a la donación de equipos para escuelas.

El panorama de la educación virtual se complejiza en la educación superior, ya que existe en Argentina una fuerte oferta especialmente en cursos de pos grado, de establecimientos privados nacionales y extranjeros que sobreabundan las ofertas educativas en ese nivel. Una temática relacionada exclusivamente a la mercantilización educativa, ratificada por las propuestas del ALCA de introducir a la educación como servicio, tanto en Argentina como en países de la región. Si bien en los últimos meses del año se han realizado mensajes en contra de dicha tendencia por los decisores políticos, la crisis del sector universitario señala un camino dudoso con respecto a la digitalización de la enseñanza superior. Estas dudas están relacionadas al deterioro de los recursos humanos docentes universitarios, a la postergación de este núcleo en cuanto a su estado de empleo.

Recientemente el Consejo Nacional Interuniversitario Nacional, CIN, o el consejo de rectores de las universidades públicas nacionales, acordó en formar una " red de áreas tecnológicas universitarias " para dar capacitación y entrenamiento a recursos humanos en temas tecnológicos mediante un programa general, sujeto a las necesidades regionales. Otro punto que posee esta promoción de las tecnologías educativas de nivel superior es la búsqueda de apoyo de sectores empresarios y asociaciones e instituciones de la sociedad civil, como se aclaró con respecto a la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación productiva. De manera que este programa que supuestamente operará con plataformas comunes se plantea en primer lugar el entrenamiento, o un programa de formación continua como acto común entre universidades. Nada aclara sobre la adopción de software libre, sobre accesos gratuitos para educadores y educandos, o la implementación de una política tecnológica para el sector educativo con sentido de apropiación social.